LA REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN ESTE ESTADO DE ALARMA

 

Tras la declaración del Estado de Alarma que afecta a España como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19 y dictada por el Gobierno en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se produjo, conforme a lo dispuesto en la Disposición Tercera, la suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta suspensión afectó y afecta directamente a la contratación pública y en concreto, para los contratos no considerados “esenciales” para combatir al COVID-19 y por tanto, se paralizó de golpe uno de los principales aspectos de la economía española.

No en vano, supone el 19% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y representa un 23,4% del gasto público en España, según se indica en el Informe Anual de la Supervisión de la Contratación Pública de España realizado en diciembre de 2019 por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

Sin perjuicio, de que por varios organismos públicos como la Junta Consultiva de Contratación y la Abogacía del Estado, han interpretado que la suspensión no afectará a los procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, lo cierto es que desde varios foros especializados, se está criticando la paralización de la contratación pública casi al 100%.

Desde mi punto de vista, no se ha tenido en cuenta y sobre todo, no se tiene en cuenta, que la contratación pública es obligatoriamente electrónica, tal como el propio Preámbulo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y que aunque algunas entidades del Sector Público no han podido subirse al “carro telemático”, lo cierto es que hasta septiembre de 2019, el 69,80% de licitaciones se realizaban electrónicamente según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y leídos en artículo del Observatorio de Contratación Pública,  y estoy segura que a estas alturas, este porcentaje se habrá incrementado.

Por otra parte, la mayoría de las empresas se han adaptado al trabajo de forma telemáticamente o han continuado trabajando en sus respectivos despachos, por lo que la licitación electrónica podría haberse perfeccionado por lo menos hasta la formalización del contrato, y dependiendo de su objeto, podría haberse incluso ejecutado. Pensemos en el suministro de un material deportivo, o un material informático, o de investigación, o de cualquier obra pública, actividad que por otra parte no ha sido suspendida. El suministro y o la obra, es y va a seguir siendo necesaria para la entidad contratante ahora y después y sin embargo, el transcurso de casi dos meses sin ingresos, puede suponer una catástrofe económica irreparable para la empresa.

Es por lo que, mi propuesta es no esperar a la finalización del estado de alarma para que se reactive la contratación pública y poder preparar y licitar los correspondientes expedientes, sin olvidar que la contratación pública es estratégica y por tanto, un pilar fundamental en la economía española.

Por cierto, preparando este escrito, leo en la página del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid que “Mantener la inversión pública en infraestructuras generaría el 2,9% del PIB en 2020” y que por tanto “Este análisis destaca que no paralizar el proceso de licitación y contratación de obras y servicios amortiguaría el decrecimiento previsto del PIB y facilitaría una recuperación más rápida de la economía española”. Más que más.